Ante los hechos de amenazas que ponen en riesgo a docentes y estudiantes de las escuelas cordobesas, manifestados a través de escritos en los baños y en las paredes, y frente a las amenazas de muerte recibidas por directivos en sus hogares y en sus redes sociales, reiteramos nuestra preocupación ya que representan un peligro para la institucionalidad y la integralidad de las personas y volvemos a exigir al Gobierno la protección de cada integrante de la comunidad educativa.
La aparición de estos mensajes no sólo lesiona la convivencia, sino que constituye una agresión directa al derecho de enseñar y aprender en un entorno seguro. Frente a este escenario se hace imperiosa la intervención de los ministerios de Educación, Seguridad y Justicia, cuya responsabilidad es establecer una estrategia de intervención que combine la seguridad legal, el resguardo pedagógico y la regulación de los medios digitales que amplifican el riesgo de que se produzcan hechos de violencia.
Es importante destacar que las medidas que se tomen para restaurar el orden institucional y proteger a toda la comunidad educativa sean principalmente medidas de resguardo y prevención y no únicamente punitivas.
En particular, desde UEPC exigimos que el Ministerio de Educación intervenga de manera urgente en la exclusión del uso de celulares en las instituciones escolares, dado que en el contexto actual representa un riesgo potencial para fomentar e incentivar la realización de acciones que atenten contra la integridad psíquica y física de quienes las habitan. Además, el control de la utilización de estos dispositivos no puede recaer sobre las y los docentes ya que constituye sobrecarga laboral.
Por último, exigimos que se arbitren los medios para que los organismos que protegen a niñas, niños y adolescentes funcionen de manera adecuada y oportuna.
