Han transcurrido ya dos meses desde que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, mediante el Auto N.° 50 de la Sala Electoral y de Competencia Originaria de fecha 29 de mayo de 2026, estableció criterios claros respecto de la aplicación de la Ley 11.087. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Provincial continúa sin adoptar las medidas necesarias para adecuar su actuación a los lineamientos fijados por el máximo órgano judicial de la Provincia.
Desde el Frente de Gremios Estatales Aportantes a la Caja de Jubilaciones advertimos que esta inacción resulta preocupante. Más allá de que el pronunciamiento haya sido dictado en el marco de un caso individual, el Tribunal dejó sentados lineamientos que el Estado Provincial no puede desconocer ni ignorar al momento de administrar el sistema previsional.
En su resolución, el TSJ dispuso reducir la alícuota extraordinaria prevista en la Ley 11.087 del 8% al 6% para el caso analizado y sostuvo expresamente que las autoridades competentes deberán avanzar en una disminución progresiva de los aportes extraordinarios establecidos por dicha legislación. Esa afirmación constituye una directriz concreta que exige una respuesta política y administrativa por parte del Gobierno Provincial.
Durante todo este tiempo, los Gremios aportantes a la Caja, mediante las distintas acciones gremiales, políticas y jurídicas, hemos venido sosteniendo que la denominada “Ley de Equidad Previsional” implica, en realidad, un ajuste sobre los salarios de los trabajadores activos y sobre los ingresos de jubiladas y jubilados. Exigimos su derogación, denunciando que el incremento de los aportes previsionales significaba una reducción salarial encubierta y que esa disminución impactaba directamente sobre el cálculo de los futuros haberes jubilatorios. La propia Justicia comenzó a reconocer la razonabilidad de nuestros planteos.
También resulta trascendente que el Tribunal haya considerado como un hecho nuevo el acuerdo alcanzado entre la Provincia de Córdoba y ANSES. Precisamente por esa modificación del contexto económico y financiero, el TSJ entendió que ya no resultaba razonable mantener el nivel de aportes extraordinarios establecido por la Ley 11.087 y ordenó su morigeración.
Este avance judicial no es producto de la casualidad. Es consecuencia de la lucha sindical que estamos manteniendo los Gremios Estatales Aportantes en unidad, de las acciones gremiales en conjunto y de la permanente actividad desarrollada por las organizaciones sindicales y sus equipos jurídicos para demostrar la injusticia y la inconstitucionalidad de una norma que trasladó el costo previsional a trabajadores activos y jubilados.
Por ello, exigimos al Gobierno de la Provincia de Córdoba que deje de dilatar la implementación de los criterios fijados por el Tribunal Superior de Justicia y proceda de manera inmediata a adecuar la aplicación de la Ley 11.087 a los lineamientos establecidos por el máximo tribunal. La seguridad jurídica exige que el propio Estado sea el primero en respetar las decisiones de la Justicia, especialmente cuando ellas emanan de su máximo órgano jurisdiccional de la Provincia.
Reclamamos que el Ejecutivo avance en la reducción progresiva de los aportes extraordinarios, revise integralmente el régimen instaurado por la Ley 11.087, restituya los derechos afectados y arbitre mecanismos que permitan garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones sin que ello continúe significando un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados. Reiteramos lo ya manifestado en otras oportunidades, los problemas financieros de nuestra Caja tienen su origen en políticas de precarización laboral que desfinancian el Sistema.
De igual modo, continúa nuestro reclamo al Gobierno Nacional para que cumpla plenamente con las obligaciones de financiamiento previsional que le corresponden respecto de nuestra Provincia, entendiendo que el sostenimiento del sistema previsional debe basarse en el cumplimiento de esas obligaciones y no en la permanente transferencia del costo a quienes trabajan y a quienes ya se han jubilado.
A dos meses del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno Provincial ya no puede alegar desconocimiento ni permanecer inmóvil. Es tiempo de cumplir con los lineamientos fijados por la Justicia, abandonar definitivamente las políticas de ajuste previsional y abrir una instancia de diálogo que permita construir soluciones duraderas.
Los gremios estatales continuaremos impulsando todas las acciones gremiales, políticas y judiciales necesarias hasta que la Provincia adecúe su actuación a los criterios establecidos por el Tribunal Superior de Justicia, sin dejar de exigir con ello, la derogación de la mal llamada Ley de Equidad Jubilatoria. Exigiéndole, además, que garantice un sistema previsional justo, sustentable y respetuoso de los derechos constitucionales de sus trabajadores y jubilados.
Frente de Gremios Estatales Aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba
