Este jueves 29 de octubre, en el marco del Paro Nacional Docente, nos concentramos en Plaza España para exigir justicia por el femicidio de Nancy Godoy, compañera docente de Corrientes, y reclamar políticas de cuidado y prevención para las trabajadoras de la educación.
La medida de fuerza tuvo un acatamiento promedio superior al 70 % en establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de todos los niveles educativos y en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).
Nuestro secretario general, Roberto Cristalli, expresó: “Nancy hizo denuncias sobre las condiciones en las que trabajaba. Esperamos que la Justicia esclarezca la situación”. Además, anticipó que, a través de la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales que se realizará este viernes 30 de octubre, solicitarán al Ministerio de Educación establecer mecanismos de trabajo para fortalecer la concientización sobre esta problemática.
Por su parte, Cecilia Palacios, secretaria de Organización de la Junta Ejecutiva Central de UEPC, señaló que el femicidio interpela especialmente a la docencia porque ocurrió en el lugar de trabajo de Nancy. También denunció que la escuela se encontraba en un estado deplorable y que la compañera había trabajado junto a las madres de sus estudiantes para ponerla en condiciones. “Todo fue informado por Nancy. Acá hubo oídos sordos a todas las demandas que ella había establecido, como a veces pasa en las instituciones educativas cuando los docentes reclaman”, sostuvo.
En el interior provincial, las y los compañeros de las delegaciones de UEPC también llevaron adelante acciones de visibilización y semaforeadas para demandar el pronto esclarecimiento del hecho.
Desde UEPC exigimos justicia por Nancy Godoy, condiciones laborales adecuadas para la docencia rural, mayor presupuesto educativo y políticas de cuidado y prevención que garanticen la protección de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
Porque ninguna docente debe trabajar en condiciones de abandono ni estar sola frente a situaciones de violencia. La defensa de la vida y de los derechos de quienes enseñan requiere respuestas concretas y un Estado presente.
