Desde la Junta Ejecutiva Central de UEPC exigimos la inmediata intervención del Ministerio de Educación para clarificar los alcances de la Resolución 59/26 y evitar interpretaciones erróneas que están generando sobrecarga laboral para las y los docentes.
Ratificamos que dicha resolución forma parte del proceso de despapelización vinculado exclusivamente a la documentación requerida para las salidas educativas. En ese marco, aclaramos que continúan coexistiendo tanto el soporte papel como el digital, y que la definición sobre su uso queda en el ámbito de la autonomía institucional.
Asimismo, señalamos que la Resolución 59/26 no establece la digitalización urgente de la totalidad de los legajos estudiantiles ni incorpora nuevas tareas administrativas para las y los docentes. Es por eso que exigimos que se informe y capacite correctamente a todos los niveles jerárquicos sobre la implementación de esta resolución, a fin de evitar interpretaciones incorrectas que deriven en mayores exigencias y carga laboral.
También consideramos fundamental garantizar claridad sobre las normativas vigentes vinculadas a la responsabilidad civil en actividades educativas realizadas fuera del ámbito escolar, en el marco de los artículos incorporados por el Código Civil y Comercial de la Nación mediante la Ley Nacional N.º 26.994. Su conocimiento y correcta aplicación son necesarios para resguardar a toda la comunidad educativa.
